Las Illes Balears modifican su ley de puertos: concesiones de hasta 50 años, clubes náuticos y amarres

A quién afecta

• Clubes náuticos y entidades deportivas sin ánimo de lucro
• Concesionarios y gestores de puertos deportivos y marinas
• Propietarios de embarcaciones de recreo amarradas en puertos
• Usuarios de amarres y de rampas públicas de botadura
• Propietarios de vehículos o bienes abandonados en zonas portuarias

Qué cambia

• El plazo máximo de las concesiones portuarias pasa a ser de 50 años, incluidas las prórrogas, frente a la regulación anterior que no se indica en el texto.
• Los clubes náuticos que pidan una concesión pueden acogerse a un procedimiento sin concurso si cumplen ciertas condiciones, como tener la declaración de utilidad pública o limitar al menos el 80 % de los amarres a embarcaciones de hasta 15 metros.
• Los campos de boyas y fondeos ordenados, así como las marinas secas y las naves de hibernación, pasan a considerarse infraestructuras portuarias esenciales o parte de la capacidad de amarre a efectos de planificación.
• La gestión de la red de rampas públicas de botadura y sus aparcamientos se define como un servicio esencial del sistema portuario.
• Los planes de uso podrán reservar zonas de gestión a entidades náutico-deportivas sin ánimo de lucro, y se incluyen en el consejo de administración representantes de las asociaciones más representativas del sector.
• Se fijan límites de superficie para usos comerciales y de restauración en la zona de servicio: menos del 16 % de la lámina de agua de los diques, menos del 10 % de la superficie de tierra y menos de 20 metros cuadrados por amarre.
• Se regula el abandono de embarcaciones y vehículos: en la gestión indirecta, el expediente se tramita ante notario tras al menos seis meses de impago o de permanencia sin localizar al titular; en la gestión directa, lo declara Puertos de las Illes Balears.
• Las obras en suelo portuario que no tengan carácter sustancial no necesitan el informe urbanístico municipal.
• Se añade la posibilidad de que las prórrogas de concesiones se condicionen a inversiones adicionales superiores al 20 % del valor inicial previsto, sin que el total supere 50 años.

El texto oficial

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