Navarra refuerza la transparencia pública y la independencia del Consejo de Transparencia

A quién afecta

• Personas que solicitan información a las administraciones públicas de Navarra
• Personas que quieran presentar una denuncia por incumplimientos de transparencia
• Altos cargos y empleados públicos de Navarra
• Entidades locales de Navarra, especialmente las de menor población
• Grupos de interés que intentan influir en decisiones públicas
• Miembros del Consejo de Transparencia de Navarra

Qué cambia

• Cualquier persona puede presentar denuncia ante el Consejo de Transparencia por incumplimientos de publicidad activa, y recibirá respuesta motivada en el plazo de dos meses. Tiene derecho a confidencialidad.
• Las listas de espera para acceder a servicios públicos deben publicarse anonimizadas (sin datos que identifiquen a las personas).
• Las resoluciones de compatibilidad de empleados públicos se publicarán con la identificación de las personas, en lugar de la forma anterior. Las agendas de altos cargos deberán incluir el objeto de las reuniones, las personas asistentes, sus organizaciones y los asuntos a tratar.
• Cuando una solicitud de información afecte a datos personales, el acceso a datos especialmente protegidos (como salud, ideología o datos penales) exige consentimiento expreso y por escrito de la persona afectada, salvo que lo ampare una ley. En otros casos, el órgano hará una ponderación caso por caso.
• Las personas afectadas por una solicitud de información con datos de terceros tendrán trámite de audiencia de entre 10 y 15 días, y el plazo para resolver se suspende mientras tanto.
• La composición del Consejo de Transparencia cambia: lo integran vocales propuestos por distintas instituciones (Gobierno, Federación Navarra de Municipios y Concejos, Consejo de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo, Universidad Pública de Navarra y Parlamento) y su presidencia es elegida por el Parlamento. Se adscribe orgánicamente al departamento de transparencia. Los actos del Consejo serán directamente ejecutivos.
• La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción pasa a ser sujeto obligado por la ley y se encargará de gestionar el Registro de Grupos de Interés. Se elimina la disposición transitoria sobre lobbies de la ley de creación de la Oficina. El Consejo deberá constituirse con la nueva composición en el plazo de un año.

El texto oficial

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